El lunes habrá una reunión clave del Ejecutivo con representantes de los pobladores del cerro Centinela de San Antonio y de los propietarios del terreno.
Vivienda insistirá en la posibilidad de una solución a través de la compra de suelo mediante cooperativas.
Foto: ATON
Alrededor de 10 mil personas viven en ésta, la toma más grande de Chile, que por orden judicial debe ser erradicada a contar del 27 de febrero.
Mientras el Gobierno avanza en los preparativos para ejecutar la orden de desalojo decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijada para el jueves 27 de febrero, persiste la incertidumbre sobre un posible acuerdo con los dueños del terreno, el cual podría definirse en una reunión programada para el próximo lunes.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que la orden judicial se cumplirá y que se trabaja en la coordinación con organismos especializados, como la protección de la infancia. Sin embargo, destacó que el Ejecutivo busca intermediar en la situación.
“Esperamos que haya un preacuerdo con los dueños para una salida consensuada y evitar el uso de la fuerza, aunque estamos preparados para el desalojo”, afirmó.
Para el lunes está programada una reunión clave entre el gobierno (con el ministro Carlos Montes a la cabeza), el municipio, representantes de los vecinos y los propietarios del terreno.
En el encuentro se analizará la posibilidad de que los ocupantes adquieran el terreno mediante cooperativas, aunque los dueños han señalado que aún no han recibido una propuesta concreta.
Desde el municipio de San Antonio han alertado sobre el impacto del desalojo en el sistema educativo, ya que hasta seis mil alumnos podrían quedar sin clases si se habilitan colegios como albergues temporales para las 3.500 familias afectadas.
El gobernador Rodrigo Mundaca dijo que “nos generaría un problema de derechos humanos y un agravio brutal. Yo entiendo que ellos están hoy día en un terreno que es propiedad privada, pero también entendemos que hay que hacer todos los esfuerzos por parte del gobierno central para llegar a un acuerdo”.
“De las cuatro mil familias, 1.200 están trabajando en el propósito de construir cooperativas para, una vez teniendo personalidad jurídica, poder concurrir a la banca y conseguir recursos para adquirir el terreno. Se ha hablado que es un terreno de 45 millones de pesos, pero se necesitan certezas”, agregó.
Por su parte, dirigentes de la toma han reiterado que no dejarán el terreno de manera voluntaria. Karina Ayala, una de las voceras, aseguró que los vecinos “van a defender sus hogares” y se mantienen en pie de lucha ante el desalojo.
