La tradición atribuye a Bernardo O’Higgins una última palabra antes de morir: «Magallanes». Verdadera o legendaria, la escena expresa una preocupación que atravesó buena parte de su pensamiento político. También se le atribuye una advertencia pronunciada después de Chacabuco: «Este triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el mar». En ambas frases aparece una misma convicción: Chile no puede desentenderse de su condición marítima ni de su extremo austral.
Esa convicción no pertenece solamente al pasado. El Estrecho de Magallanes es una vía estratégica entre los océanos Atlántico y Pacífico y una puerta natural hacia la Antártica. Su importancia geopolítica aumenta en un mundo donde las rutas marítimas, la energía, los recursos naturales y la presencia antártica vuelven a ocupar el centro de las disputas internacionales.
La soberanía chilena sobre el Estrecho no admite ambigüedades. El Tratado de Límites de 1881 reconoció su carácter chileno, estableció la libre navegación para todas las banderas y dispuso su neutralización. Más de un siglo después, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 confirmó el límite en su acceso oriental y cerró una controversia que, en 1978, había llevado a Chile y Argentina al borde de la guerra por las islas Picton, Nueva y Lennox.
Por eso no pueden minimizarse las declaraciones del brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien incluyó a Magallanes y al paso Drake dentro de una afirmación genérica sobre la soberanía argentina. La explicación posterior —que se trató de una confusión o una desprolijidad— resulta insuficiente. No es el primer episodio de esta naturaleza y proviene, además, de una alta autoridad militar. En asuntos limítrofes, las palabras oficiales nunca son inocentes.
A ello se suma el Decreto 457 de 2021 —no una ley, como se ha dicho erróneamente—, dictado durante el gobierno de Alberto Fernández, que calificó al Estrecho de Magallanes como un «espacio compartido». Argentina ha reconocido el error de esa formulación y ha anunciado su corrección, pero el decreto continúa proyectando una sombra innecesaria sobre una materia resuelta por tratados vigentes. Una declaración diplomática ayuda, pero no reemplaza la derogación formal de un acto administrativo que contradice el sentido de esos acuerdos.
El gobierno chileno tiene el deber de exigir claridad. La afinidad ideológica entre José Antonio Kast y Javier Milei no puede situarse por encima de los intereses permanentes del Estado. La visita de Milei a Chile para participar en el Foro Madrid era una oportunidad para resolver públicamente el asunto. En cambio, el mandatario argentino utilizó parte de su intervención para atacar a la izquierda chilena con el insulto de «zurdos mugrosos» y para reivindicar una lectura complaciente de la dictadura. No fue solo una descortesía: fue una intromisión política ante la cual La Moneda respondió con una tibieza difícil de justificar.
Sin embargo, defender la soberanía no significa agitar el nacionalismo ni empujar a nuestros países hacia una carrera armamentista. Chile debe mantener capacidades defensivas suficientes, pero sería irresponsable convertir cada provocación verbal en combustible para el rearme regional. Argentina, Perú y Chile enfrentan desigualdad, desempleo, inseguridad, narcotráfico, crisis migratorias y demandas sociales que no se resuelven comprando armas cada vez más costosas.
También debe rechazarse la presión de las grandes potencias para aumentar el gasto militar como si esa fuera la única medida de responsabilidad internacional. América del Sur necesita autonomía estratégica, cooperación y mecanismos eficaces de solución de controversias. Subordinar su política de defensa a las prioridades de Washington —o de cualquier otra potencia— no fortalece la soberanía: la debilita.
La experiencia de 1978 conserva una lección. La mediación papal, confiada al cardenal Antonio Samorè por Juan Pablo II, evitó una guerra cuyas consecuencias habrían sido devastadoras. El cardenal Raúl Silva Henríquez contribuyó activamente a crear un clima favorable a la paz. Aquella salida no fue producto de la debilidad, sino de la diplomacia, la prudencia y la voluntad política.
Hoy no están esos protagonistas y los organismos multilaterales exhiben una preocupante pérdida de autoridad. Precisamente por eso, Chile debe actuar con mayor seriedad: nota diplomática, exigencia de derogación del decreto argentino, ratificación bilateral de los tratados y una política de Estado hacia Magallanes y la Antártica que no dependa del gobierno de turno.
El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile y su libre navegación está garantizada internacionalmente. Ambas afirmaciones son compatibles. La tarea no consiste en elegir entre soberanía y paz, sino en defender las dos con la misma firmeza. La soberanía no se protege con insultos ni con gestos teatrales; se protege con derecho internacional, presencia efectiva, diplomacia coherente y una ciudadanía consciente del territorio que habita.