Por Sergio Velasco de la Cerda
En las últimas semanas, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, ha asumido un rol público que no ha pasado desapercibido. Su intervención contribuyó a encauzar tensiones políticas en un momento particularmente delicado, recordando algo que Chile no puede perder: la primacía de la convivencia democrática por sobre las diferencias circunstanciales.
Sin embargo, más allá de la contingencia, su figura ha reabierto una discusión de fondo: el rol que pueden —y deben— cumplir las instituciones cuando la sociedad enfrenta momentos de tensión o incertidumbre.
Chile conoce esa experiencia.
Durante la dictadura militar, la Vicaría de la Solidaridad, impulsada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, se transformó en uno de los principales bastiones de defensa de los derechos humanos. No solo brindó apoyo jurídico a las víctimas, sino que registró, documentó y preservó la memoria de las violaciones sistemáticas cometidas por el Estado.
En un contexto donde las instituciones habían sido capturadas o silenciadas, la Vicaría representó algo más profundo: un límite moral frente al abuso del poder.
Hoy Chile no vive bajo una dictadura. Sería un error afirmar lo contrario. Pero también sería ingenuo suponer que la solidez democrática está garantizada por sí sola.
Las democracias no colapsan necesariamente de forma abrupta. Se erosionan. Se debilitan cuando los contrapesos pierden fuerza, cuando el debate público se degrada o cuando las decisiones políticas comienzan a alejarse de consensos básicos construidos durante décadas.
En ese contexto, el rol de voces con autoridad moral —sean religiosas, civiles o institucionales— adquiere una relevancia particular.
El propio Chomalí ha abordado temas que trascienden la esfera estrictamente religiosa: la dignidad del trabajo, la situación de los más vulnerables, la preocupación por el medioambiente y la necesidad de un desarrollo que no deje atrás a los sectores más frágiles. Son temas que, más allá de las posiciones políticas, interpelan directamente a la sociedad en su conjunto.
También ha puesto énfasis en algo esencial: la dignidad de la persona humana como eje de toda acción pública.
Esa perspectiva no es nueva en la historia de la Iglesia en Chile. Pero sí adquiere un nuevo significado en un contexto donde la desconfianza institucional, la fragmentación social y la incertidumbre marcan el debate público.
Por eso, cuando se plantea —explícita o implícitamente— la idea de que “la Vicaría debiera volver”, no se trata de una propuesta literal. No estamos en 1976. No corresponde replicar estructuras del pasado en contextos distintos.
Lo que sí corresponde es entender el sentido de esa experiencia.
La Vicaría fue posible porque existía una convicción clara: que la dignidad humana no podía quedar subordinada al poder.
Esa convicción sigue siendo válida hoy.
Chile enfrenta desafíos complejos: tensiones sociales, inseguridad, desconfianza en las instituciones, brechas económicas y una ciudadanía que observa con escepticismo a la política. En ese escenario, el riesgo no es la ausencia de democracia, sino su desgaste progresivo.
La historia enseña que los derechos no se pierden de un día para otro. Se debilitan gradualmente, muchas veces en silencio, hasta que su deterioro se vuelve evidente.
Por eso, más que mirar la Vicaría como una institución del pasado, debemos entenderla como una advertencia.
Un recordatorio de que las sociedades necesitan contrapesos reales. De que el poder, sin límites, tiende a desbordarse. Y de que la defensa de la dignidad humana no es patrimonio de un sector, sino una tarea permanente.
Chile no necesita repetir su historia. Pero sí necesita aprender de ella.