Por Sergio Velasco de la Cerda
La preocupación por el hambre en la educación pública no es nueva en Chile. Se remonta a comienzos del siglo XX, cuando bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes se promulgó la Ley de Educación Primaria Obligatoria en 1920, en un contexto donde miles de niños no asistían a clases por falta de condiciones básicas.
Desde entonces, el país ha construido, con distintos gobiernos y visiones partidistas, una política sostenida de apoyo a la educación y a la infancia.
El presidente Pedro Aguirre Cerda impulsó la expansión del sistema educativo bajo el principio de que “gobernar es educar”. Cambiando la estructura del país.
La visionaria moción presentada por el senador (DC) Radomiro Tomic R, crea la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, Ley 15,720, promulgada por el presidente conservador, Jorge Alesandri R. el 01-09-1964, al término de su mandato constitucional.
Más tarde, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se implementaron políticas de apoyo escolar que ampliaron el acceso y la permanencia en el Sistema. En todos los establecimientos , públicos o subvencionados, sin distinción alguna.
La creación de la JUNAEB marcó un hito en la institucionalización del apoyo a estudiantes vulnerables, consolidando una red de protección que ha permitido que millones de jóvenes accedan a la educación en mejores condiciones.
A ello se sumó el programa del medio litro de leche impulsado por Salvador Allende, orientado a enfrentar la desnutrición infantil, una realidad crítica en su momento. El 50% de la población, menores de 15 años, presentaban índices de anorexia, (Conin).
Hoy, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) continúa esa tradición, beneficiando a millones de escolares a lo largo del país. En muchos casos, constituye un apoyo fundamental para garantizar condiciones mínimas de aprendizaje.
Por ello, cualquier discusión sobre ajustes fiscales o reasignación de recursos debe considerar el impacto que estas decisiones tienen sobre los sectores más vulnerables.
El debate sobre el gasto público es legítimo y necesario. Los Estados deben revisar permanentemente la eficiencia de sus programas y la sostenibilidad de sus políticas.
Sin embargo, no todos los programas tienen el mismo peso social. Son 2,5 millones de estudiantes de alta vulnerabilidad atendidos por el Plan de Alimentación Escolar (PAE), siendo en muchos casos la única comida en el día. Incluso en situación de catástrofe o pandemia.
Aquellos que inciden directamente en la nutrición, educación y bienestar de niños, niñas y adolescentes requieren un tratamiento especialmente cuidadoso. La discusión no es solo económica. Es también política y ética. Se trata de definir qué prioridades establece el país en su desarrollo.
Reducir o modificar programas sociales puede responder a distintos criterios técnicos. Pero sus efectos deben ser evaluados no solo en términos presupuestarios, sino también en su impacto social. Utilizar a los más carenciados , es miserable, Descontinuar, algunos programas, como moneda de cambio es un chantaje ignominioso, descarado e impresentable
Ese es un activo que no debiera ponerse en riesgo sin un análisis profundo. El desafío está en equilibrar responsabilidad fiscal con justicia social. No a costa de los más pobres y de la clase media.
Este 1 de mayo, los y las trabajadoras, con bronca, manifestaron mayoritariamente su repulsión a tales medidas.. Exigiendo que los sagrados derechos del futuro estudiantil, no se tocan.
Los padres y madres, defienden con absoluta y total razón, cualquier intento trasgresor. Mentirle al pueblo, no conduce a la paz social, al final se paga caro.
Esa es, en definitiva, una de las decisiones más relevantes que enfrenta cualquier gobierno.