Expertos subrayan que la situación en San Antonio “es de mayor gravedad”, tanto por sus dimensiones como por las características de quienes habitan allí. La mejor opción, afirman, es que el Ejecutivo logre comprar el terreno a los propietarios.
El jueves 27 de febrero es el plazo fatal para que se concrete el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde viven más de 10 mil personas, que en su mayoría, se asentaron desde 2019. El terreno usurpado pertenece a la inmobiliaria San Antonio, que en 2023 puso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso -el que fue acogido para desalojo-, pero una serie de fallos y dilaciones ha llevado a que el tribunal de alzada ahora determinara que el tiempo está agotado y se debe concretar la medida. Eso sí, de manera “razonable y paulatina”.
Lo anterior implica que el desalojo se desarrolle por divisiones cuadriculares y se proteja la integridad, especialmente, de los grupos más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad y con discapacidad. De todos modos, los habitantes de los paños usurpados afirman que pueden haber consecuencias incluso fatales si se concreta el desalojo. Así lo planteó a El Mercurio de Valparaíso, Karina Ayala, vocera del Comité Nuevos Aires de la toma: “Lo que se está haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aquí se le endosamos al Gobierno, porque el Gobierno no se puso los pantalones”, expresó. El diagnóstico de Ayala no se aleja del que tiene Diego Pereira, abogado representante de la inmobiliaria San Antonio, dueña de los terrenos. Ayer, en conversación con Emol, afirmó que si bien hay voluntad de los propietarios para vender y evitar el desalojo, el Gobierno “no cumplió” con compromisos asumidos que podrían haber dado un mejor desarrollo a este proceso. “Bajo esas condiciones de incumplimiento constante de los compromisos que ellos habían asumido con nosotros en las reuniones, hoy, faltando nueve días para el desalojo efectivo mediante la intervención de Carabineros, no existe ningún tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con el Gobierno”, subrayó. Esto, mientras el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, esperan reunirse con los propietarios el lunes, con la intención de llegar a un acuerdo que les permita tener “más tiempo” para buscar alguna salida habitacional a los pobladores, o para poder revisar la eventual compra del terreno de 257 hectáreas cuyo precio llega a 0,69 UF el m2. En conversación con Emol, expertos revisan las eventuales soluciones que podrían abrirse para las familias si es que se concreta el desalojo. La mayoría coincide en que se trata de un escenario “de gravedad”, que no tuvo solución oportuna y que requerirá de un plan integral para lograr, en alguna medida, encauzar lo que ocurra después del 27 de febrero.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/02/20/1157979/desalojo-san-antonio-megatoma-opciones.html