El hambre duele. Es cruel, humilla y deja heridas que no siempre se ven. Nadie debería conocerla. Sin embargo, para demasiadas familias chilenas, la falta de trabajo vuelve a convertir lo más elemental —alimentarse, pagar las cuentas, sostener un hogar— en una angustia cotidiana.
Quien busca empleo y no lo encuentra no pierde solamente un ingreso. Pierde tranquilidad, autonomía y, muchas veces, la esperanza de cumplir aquello que prometió a su familia. La cuenta de la luz se atrasa, falta dinero para el gas, el almacenero ya no puede fiar y el arriendo se transforma en una amenaza. La cesantía entra en la casa y altera la convivencia.
Primero ayudan los parientes. Después, también ellos comienzan a quedarse sin recursos. Una caja de alimentos puede aliviar unos días, pero no reemplaza un sueldo ni devuelve la seguridad de tener un horizonte.
Las cifras nacionales confirman la gravedad del problema. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación llegó al 9,6 % en el trimestre junio-agosto de 2026, un punto porcentual más que un año antes. Entre las mujeres alcanzó el 10,3 %. Detrás de cada décima hay personas concretas, jóvenes que buscan su primera oportunidad y trabajadores experimentados que no logran reinsertarse.
La precariedad tampoco termina cuando alguien consigue una ocupación. El trabajo informal, sin protección suficiente ni estabilidad, deja a muchas familias expuestas a la misma incertidumbre. Tener algo que hacer para sobrevivir no equivale necesariamente a contar con un empleo digno.
Quienes vivimos otras crisis recordamos el Programa de Empleo Mínimo y el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, el PEM y el POJH, que marcaron los años de la dictadura. Fueron respuestas de emergencia a un desempleo masivo, pero también símbolos de la fragilidad de miles de hogares. Invocarlos hoy no significa afirmar que estamos en idénticas circunstancias: significa advertir que Chile ya conoce el costo humano de acostumbrarse a la cesantía.
El daño se extiende más allá de las estadísticas. Se acumulan frustraciones, se interrumpen estudios y se debilitan las redes de apoyo. Cuando faltan ingresos, los programas de alimentación escolar y las ayudas sociales adquieren todavía más importancia. Su cobertura y continuidad deben resguardarse y fiscalizarse con rigor.
No corresponde atribuir automáticamente la delincuencia, el consumo de drogas o la explotación a quienes están desempleados. Ser pobre no convierte a nadie en delincuente. Lo que sí sabemos es que la exclusión prolongada agrava las vulnerabilidades y exige una respuesta pública que combine protección social, oportunidades reales y seguridad.
En San Antonio, esta discusión tiene una dimensión propia. El desarrollo portuario y las obras de infraestructura no pueden permanecer como promesas abstractas para la comunidad. Se necesita información clara sobre sus plazos, decisiones pendientes y capacidad efectiva de generar empleo local, junto con formación para que nuestros jóvenes puedan acceder a esas oportunidades.
Chile necesita un acuerdo nacional por el empleo que no se agote en una consigna. Gobierno, empleadores, trabajadores, municipios y centros de formación deben comprometer medidas verificables: inversión que se concrete, capacitación pertinente, apoyo a pequeñas empresas y protección para quienes quedan fuera del mercado laboral.
He repetido durante años una convicción: trabajo, trabajo, trabajo. La mantengo. Pero hoy esa frase exige algo más que ser pronunciada. Exige responsabilidades, plazos y resultados. Porque el trabajo no es solo una cifra económica: es una condición de dignidad y una posibilidad de futuro.