En medio de acusaciones de abandono de negociación por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Tercera Sala de la Corte Suprema ha ratificado de forma unánime el fallo que confirma el desalojo de la megatoma en San Antonio.
La sentencia, que fue emitida el viernes pasado, reafirma el dictamen de junio del año anterior emitido por la Corte de Valparaíso. Esta resolución establece un plazo de seis meses para llevar a cabo el desalojo definitivo de la ocupación en la zona. En palabras precisas de la sentencia: “Todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de seis meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar”.
Esta megatoma, que abarca más de 200 hectáreas, ha sido objeto de intensas discusiones y debates. Entre las acusaciones vertidas, se encuentra la afirmación de que el Gobierno habría abandonado las negociaciones pertinentes para resolver esta situación.
Previamente al fallo de la Corte Suprema, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró el viernes pasado: “El dueño del terreno quiere que le compremos. Pero no vamos a comprar por esa presión”. Estas palabras han reavivado el debate en torno a las estrategias que el Gobierno debe adoptar frente a esta situación compleja.
La megatoma de San Antonio ha representado uno de los mayores desafíos en materia de ocupaciones en el país, generando preocupación y debates sobre los derechos de propiedad, el acceso a la vivienda y las políticas de regulación urbana. La sentencia de la Corte Suprema establece un claro plazo para la resolución de este conflicto, incluyendo la posibilidad de utilizar el “auxilio de la fuerza pública en caso de oposición”.
La situación continúa siendo objeto de seguimiento por parte de diversos sectores de la sociedad, en espera de cómo se desarrollarán los siguientes pasos para el desalojo de esta megatoma en San Antonio.