Expertos subrayan que la situaci\u00f3n en San Antonio “es de mayor gravedad”, tanto por sus dimensiones como por las caracter\u00edsticas de quienes habitan all\u00ed. La mejor opci\u00f3n, afirman, es que el Ejecutivo logre comprar el terreno a los propietarios. <\/p>\n\n\n\n
El jueves 27 de febrero es el plazo fatal para que se concrete el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde viven m\u00e1s de 10 mil personas, que en su mayor\u00eda, se asentaron desde 2019. El terreno usurpado pertenece a la inmobiliaria San Antonio, que en 2023 puso un recurso de protecci\u00f3n ante la Corte de Apelaciones de Valpara\u00edso -el que fue acogido para desalojo-, pero una serie de fallos y dilaciones ha llevado a que el tribunal de alzada ahora determinara que el tiempo est\u00e1 agotado y se debe concretar la medida. Eso s\u00ed, de manera “razonable y paulatina”.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior implica que el desalojo se desarrolle por divisiones cuadriculares y se proteja la integridad, especialmente, de los grupos m\u00e1s vulnerables, como ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, personas de la tercera edad y con discapacidad. De todos modos, los habitantes de los pa\u00f1os usurpados afirman que pueden haber consecuencias incluso fatales si se concreta el desalojo. As\u00ed lo plante\u00f3 a El Mercurio de Valpara\u00edso, Karina Ayala, vocera del Comit\u00e9 Nuevos Aires de la toma: “Lo que se est\u00e1 haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza p\u00fablica, donde (habr\u00e1) m\u00e1s de alg\u00fan herido, alg\u00fan muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aqu\u00ed se le endosamos al Gobierno, porque el Gobierno no se puso los pantalones”, expres\u00f3. El diagn\u00f3stico de Ayala no se aleja del que tiene Diego Pereira, abogado representante de la inmobiliaria San Antonio, due\u00f1a de los terrenos. Ayer, en conversaci\u00f3n con Emol, afirm\u00f3 que si bien hay voluntad de los propietarios para vender y evitar el desalojo, el Gobierno “no cumpli\u00f3” con compromisos asumidos que podr\u00edan haber dado un mejor desarrollo a este proceso. “Bajo esas condiciones de incumplimiento constante de los compromisos que ellos hab\u00edan asumido con nosotros en las reuniones, hoy, faltando nueve d\u00edas para el desalojo efectivo mediante la intervenci\u00f3n de Carabineros, no existe ning\u00fan tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ning\u00fan punto de encuentro con el Gobierno”, subray\u00f3. Esto, mientras el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, esperan reunirse con los propietarios el lunes, con la intenci\u00f3n de llegar a un acuerdo que les permita tener “m\u00e1s tiempo” para buscar alguna salida habitacional a los pobladores, o para poder revisar la eventual compra del terreno de 257 hect\u00e1reas cuyo precio llega a 0,69 UF el m2. En conversaci\u00f3n con Emol, expertos revisan las eventuales soluciones que podr\u00edan abrirse para las familias si es que se concreta el desalojo. La mayor\u00eda coincide en que se trata de un escenario “de gravedad”, que no tuvo soluci\u00f3n oportuna y que requerir\u00e1 de un plan integral para lograr, en alguna medida, encauzar lo que ocurra despu\u00e9s del 27 de febrero.<\/p>\n\n\n\n